Corea del Sur ha tomado una de las posturas más contundentes del mundo frente al fenómeno de los deepfakes pornográficos. Lo que comenzó como una serie de denuncias sobre vídeos manipulados ha terminado en una crisis social que ha movilizado tanto al Gobierno como a la ciudadanía.
A raíz del descubrimiento de una red en Telegram con más de 220.000 miembros dedicada a compartir imágenes de mujeres falsificadas mediante inteligencia artificial, la Asamblea Nacional surcoreana aprobó en septiembre de 2024 una ley que castiga no solo la producción y distribución de este contenido, sino también su mera visualización. Las penas pueden alcanzar los tres años de prisión y los 19.000 euros de multa.
Grupos privados vídeos manipulados de compañeras de clase, actrices y cantantes
Las cifras que maneja la Oficina Nacional de Investigación son alarmantes: casi un millar de personas han sido arrestadas en los últimos meses, muchas de ellas jóvenes de entre 20 y 30 años, que compartían en grupos privados vídeos manipulados de compañeras de clase, actrices y cantantes. La policía surcoreana ha eliminado más de 10.000 vídeos de este tipo, aunque admite que el volumen real es difícil de cuantificar debido a la capacidad de los usuarios para migrar entre plataformas y ocultar sus actividades. Las víctimas, por su parte, denuncian que los procesos de retirada de contenido siguen siendo lentos, y que el daño reputacional es irreparable.
El caso que ha colocado esta problemática en la agenda internacional es el de un streamer estadounidense que se enfrenta a una posible condena de hasta 31 años de prisión por, presuntamente, haber generado vídeos deepfake de dos creadoras de contenido surcoreanas. Aunque el juicio sigue abierto, el caso ha sido ampliamente cubierto en los medios del país y ha desatado un debate sobre la jurisdicción internacional y el alcance legal cuando las víctimas, pero no los creadores, residen en Corea del Sur. La gravedad de la acusación ha puesto en el centro la necesidad de cooperación internacional y legislación armonizada para frenar estos delitos digitales.
Las autoridades surcoreanas han exigido a plataformas como Telegram una colaboración más ágil, aunque también se plantea imponer sanciones directas a aquellas que no impidan la difusión de contenido ilegal. Esta medida pretende frenar lo que muchos consideran una "epidemia digital" que afecta sobre todo a mujeres, vulnerables a ser convertidas en víctimas sin siquiera haber producido contenido íntimo real. Las campañas públicas, aunque crecientes, no han logrado detener el fenómeno, y algunos expertos ya defienden que el uso de algoritmos de detección automática es imprescindible, aunque podría entrar en conflicto con las normativas de privacidad.
Este enfoque drástico —que convierte incluso al espectador en sujeto penal— refleja el profundo rechazo social hacia la cosificación tecnológica de las mujeres en Corea del Sur, un país marcado por escándalos de cámaras ocultas y cultura digital hipersexualizada. La pregunta que se abre ahora es si el resto del mundo tomará nota del modelo surcoreano o si las fronteras seguirán siendo barreras legales frente a una amenaza global.
